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Bruselas preocupada por la venta de nacionalidades y la concesión de residencia por inversiones
Es una nueva fórmula de ingresos que la última década ha permitido recaudar a los países comunitarios en torno a 25.000 millones de euros, según las estimaciones de Global Witness y Transparencia Internacional.
En España, la ley 14/2013 de apoyo al emprendedor y a su internacionalización, introdujo la posibilidad de que los inversores extranjeros obtengan un permiso de residencia si llevan a cabo una adquisición de bienes inmuebles por un valor de 500.000 Euros o superior; una inversión por un valor de 1 millón de euros en compañías españolas; o el desarrollo de un proyecto empresarial de interés general, o de una actividad innovadora con especial interés económico para España.
Si el inversor puede probar que ha residido de forma continua y permanente durante el plazo que le corresponda, según la legislación vigente, podrá solicitar la nacionalidad española.
Por primera vez, ahora, la Comisión ha presentado un informe exhaustivo sobre la ciudadanía de los inversores y los planes de residencia operados por los Estados miembros de la UE. El informe mapea las prácticas existentes e identifica ciertos riesgos que tales esquemas implican, en particular, en lo que respecta a seguridad, lavado de dinero, evasión de impuestos y corrupción. El informe encuentra que la falta de transparencia en la forma en que se operan los esquemas y la falta de cooperación entre los Estados miembros exacerba aún más estos riesgos.
De esta forma, la Comisión supervisará las cuestiones más amplias de cumplimiento de la legislación de la UE planteadas por los sistemas de ciudadanía y residencia de los inversores y tomará las medidas necesarias según corresponda. Por este motivo, los Estados miembros deben garantizar que todos los controles obligatorios de fronteras y seguridad se realizan sistemáticamente; y que los requisitos de la Directiva de permiso de residencia a largo plazo y la Directiva de reunificación familiar se cumplen correctamente
También, los Estados deberán asegurar los fondos pagados por los ciudadanos de los inversores y los solicitantes de residencia se evalúan de acuerdo con las normas de la UE contra el lavado de dinero.
En el contexto de los riesgos de evasión fiscal, existen herramientas disponibles en el marco de la UE para la cooperación administrativa, en particular para el intercambio de información.
La Comisión supervisará las medidas adoptadas por los Estados miembros para abordar cuestiones de transparencia y gobernanza en la gestión de estos sistemas. Establecerá un grupo de expertos de los Estados miembros para mejorar la transparencia, la gobernanza y la seguridad de los esquemas.
Ese grupo se encargará, en particular, del establecimiento de un sistema de intercambio de información y consultas sobre el número de solicitudes recibidas, los países de origen y el número de ciudadanos y permisos de residencia otorgados / rechazados por los Estados miembros a particulares sobre la base de inversiones.
Además, desarrollará un conjunto común de controles de seguridad para esquemas de ciudadanía de inversionistas, incluidos los procesos específicos de administración de riesgos, para fines de 2019.
Tres Estados miembros (Malta, Chipre y Bulgaria) aplican sistemas de ciudadanía para inversores, en los que ésta se concede en condiciones menos estrictas que bajo los regímenes de naturalización ordinarios, en particular sin residencia previa efectiva en el país en cuestión.
La Comisión contactó con las autoridades búlgaras, chipriotas y maltesas para obtener más información sobre estos esquemas. En un debate celebrado en mayo de 2018, el Parlamento discutió una serie de riesgos asociados con los esquemas de ciudadanía y residencia de inversores.
Estos esquemas tienen implicaciones para la Unión Europea en su conjunto, ya que toda persona que posea la nacionalidad de un Estado miembro se encuentra considerado al mismo tiempo como ciudadano de la unión. De hecho, aunque estos son esquemas nacionales, se comercializan deliberadamente y, a menudo, explícitamente publicitados como medio de adquisición de la ciudadanía de la Unión, junto con todos los derechos y privilegios asociados a ella, como es el caso del derecho a la libre circulación.
Los esquemas de ciudadanía de inversionistas difieren de los de residencia de inversionistas (“visa dorada”), que tienen como objetivo atraer inversiones a cambio de derechos de residencia en el país en cuestión. Existen en un total de veinte Estados miembros de la UE. Sin embargo, los riesgos inherentes a tales esquemas son similares a los diseñados para otorgar la ciudadanía al inversor.
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 16 de enero de 2014, ya expresó su preocupación por que haya regímenes nacionales que impliquen la “venta directa o indirecta” de la ciudadanía de la Unión, socavando el concepto mismo de ciudadanía de la Unión. Por ello, instó a la Comisión a evaluar los diversos planes nacionales de ciudadanía a la luz de los valores europeos y de la letra y el espíritu de la legislación y las costumbres de la UE.
En relación con los terceros países que establecen esquemas similares, que pueden tener implicaciones de seguridad para la UE, la Comisión supervisará los esquemas de ciudadanía de los inversores en los países candidatos y los posibles candidatos como parte del proceso de adhesión a la UE. También supervisará el impacto de tales esquemas en los países sin visado de la UE como parte del mecanismo de suspensión de visados.
