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Este artículo está publicado en el libro editado por el Consejo General del Poder Judicial para conmemorar su 40 aniversario. www.poderjudicial.es.

Nuestra Constitución, en su primer artículo, define a España como un Estado social y democrático de Derecho, señalando a la Justicia como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico. Consecuencia de ello es la configuración del Poder Judicial como uno de los tres poderes del Estado, garante de que la Justicia emane del pueblo, único titular de la soberanía nacional.

El artículo 117 encarga la administración de la Justicia, impartida en nombre del rey, a los jueces y magistrados, que únicamente pueden estar sujetos al im­perio de la ley. Para garantizarlo, así como la independencia, la inamovilidad y la responsabilidad de los mismos, el art 122.2 crea el Consejo General del Poder Judicial, dando rango constitucional a su órgano de gobierno.

Este año conmemoramos el 40 aniversario de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial, que si bien ya no está vigente fue la que primeramente cumplió el mandato constitucional ocupándose de su estructura y funcionamiento. El 24 de octubre de ese mismo año los vocales del Consejo eligieron a su primer presidente, iniciándose ex novo su andadura con un firme objetivo: salvaguardar la independencia de los jueces y magis­trados, mediante la creación de las condiciones necesarias para su ejercicio y denunciando aquellas actuaciones que trataran de menoscabarla, procedie­ran de donde procedieran.

En estos 40 años de trayectoria, el Consejo General del Poder Judicial no ha olvidado que la Justicia está al servicio de la ciudadanía, su única razón de ser. De este modo, ha desarrollado proyectos para hacer efectivo el art 24 CE, como la creación del Foro Justicia y Discapacidad, o se ha preocupado por dotar de transparencia la función jurisdiccional publicando las resoluciones judiciales a través del CENDOJ, o imparte formación buscando la excelencia profesional que redunde en una mayor calidad de los procedimientos.

El Consejo General del Poder Judicial también es el nexo de unión de la judi­catura con el resto de profesiones jurídicas, entre ellas los registradores. Ya sea mediante convenios de colaboración en cuyo marco celebrar actividades con­juntas ya sea propiciando foros de encuentro donde exponer las diversas pers­pectivas desde las que se pueden enjuiciar los problemas, compartiendo las propuestas de solución. Aunando vocaciones por una justicia cercana y eficiente.

Los Registradores de España nos sentimos orgullosos del alto nivel de nues­tros jueces y magistrados, con quienes colaboramos a diario dotando a sus resoluciones, a través de la inscripción registral, de eficacia frente a terceros, o garantizando la eficacia de las medidas cautelares a través de las anotaciones preventivas o facilitando la ejecución de sus sentencias a través de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. Todos estos asientos regis­trales quedan bajo la salvaguarda de los tribunales, y de esta garantía derivan las fuertes presunciones que la ley les atribuye.

Por todo ello debemos agradecer al CGPJ, a todos y cada uno de sus vocales y presidentes en esta intensa etapa de sus primeros cuarenta años, su cons­tante empeño por garantizar una justicia de calidad, que lo es porque jueces y magistrados se esfuerzan en estar a la altura del mandato constitucional, que confía en ellos la realización de uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico: la Justicia.

María Emilia Adán es decana del Colegio de Registradores de España.