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Los denunciantes, las personas que divulguen información obtenida en un contexto relacionado con su trabajo, sobre actividades ilegales o dañinas van a estar mejor protegidos, gracias a la nueva Directiva de la Unión Europea (UE), aprobada el pasado 16 de abril por el Parlamento Europeo, aunque aún tiene que ser aprobada por los ministros de la UE. A partir de ese momento, los Estados miembros tendrán dos años para cumplir con las normas.

La Directiva prohíbe explícitamente las represalias e introduce salvaguardas para evitar que el denunciante sea suspendido, degradado e intimidado o se enfrente a otras formas de represalia. Aquellos que asisten a los denunciantes, como quienes les facilitan la información, compañeros y familiares también se encuentran protegidos.

Los Estados miembros, además, deben garantizar que los denunciantes tengan acceso a información y asesoramiento exhaustivos e independientes sobre los procedimientos y recursos disponibles de forma gratuita, así como asistencia jurídica durante los procedimientos. Durante los procedimientos legales, los informes también pueden recibir apoyo financiero y psicológico.

La protección a los denunciantes se considera necesaria para mejorar la aplicación de la legislación de la Unión en materia de contratación pública. Además de la necesidad de prevenir y detectar el fraude y la corrupción en el contexto de la ejecución del presupuesto de la UE, incluidas las adquisiciones, es necesario abordar la aplicación insuficiente de las normas sobre contratación pública por parte de las autoridades públicas nacionales y ciertos operadores de servicios públicos cuando compran productos, obras y servicios.

El incumplimiento de tales reglas crea distorsiones de la competencia, aumenta los costos para hacer negocios, viola los intereses de los inversionistas y accionistas y, en general, reduce el atractivo para la inversión y crea un campo de juego desigual para todas las empresas en toda Europa, lo que afecta el correcto funcionamiento de la empresa. mercado interno.

Veracidad exigible

Para gozar de protección, las personas informantes deben creer razonablemente, a la luz de las circunstancias y la información a su disposición en el momento de la notificación, que los asuntos que informan son verdaderos. Esta es una salvaguardia esencial contra informes maliciosos, frívolos o abusivos, asegurando que aquellos que, en el momento del informe, informaron de manera deliberada y deliberada información incorrecta o engañosa no gozan de protección.

Al mismo tiempo, garantiza que la protección no se pierda cuando la persona informante realizó un informe incorrecto con un error honesto. De manera similar, las personas que reportan deben tener derecho a la protección bajo esta Directiva si tienen motivos razonables para creer que la información reportada está dentro de su alcance. Los motivos de la persona informante para hacer el informe deben ser irrelevantes en cuanto a si deben o no recibir protección.

Los escándalos recientes, desde ‘LuxLeaks’ a ‘Los Papeles de Panamá’, han demostrado lo importantes que son las revelaciones de los denunciantes para detectar y prevenir violaciones de la legislación de la UE que son perjudiciales para el interés público y el bienestar de la sociedad. La falta de protección efectiva de los denunciantes a nivel de la UE también puede afectar negativamente el funcionamiento de las políticas de la UE en un estado miembro, pero también puede extenderse a otros países y a la UE en su conjunto.

Actualmente, solo 10 países de la UE (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido) brindan protección legal integral. En los países restantes, la protección es solo parcial o se aplica a sectores o categorías de empleados específicos.

Las nuevas reglas, adoptadas con 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones y ya acordadas con los ministros de los Estados de la UE, establecen nuevas normas a nivel comunitario para proteger a los denunciantes que denuncian violaciones de la legislación de la UE en una amplia gama de áreas, incluida la contratación pública, los servicios financieros, el blanqueo de capitales, la seguridad de los productos y transportes, la seguridad nuclear, la salud pública y protección al consumidor, así como la protección de datos personales.

Es importante tener en cuenta que, las personas que trabajan para una organización pública o privada o que están en contacto con ella en el contexto de sus actividades relacionadas con el trabajo suelen ser las primeras en enterarse de amenazas o daños al interés público que surgen en este contexto.

Hacer que la alarma suene

Al «hacer sonar la alarma», los denunciantes desempeñan un papel clave en la exposición y prevención de violaciones de la ley que son perjudiciales para el interés público y en la protección del bienestar de la sociedad. Sin embargo, a los denunciantes potenciales a menudo se les disuade de reportar sus inquietudes o sospechas por temor a represalias. En este contexto, la importancia de proporcionar una protección equilibrada y efectiva a los denunciantes es cada vez más reconocida tanto a nivel europeo como internacional.

A nivel de la Unión, los informes y las revelaciones públicas por parte de los denunciantes son un componente previo de la aplicación de la legislación y las políticas de la Unión: alimentan a los sistemas de aplicación nacionales y de la UE con información, lo que lleva a una detección, investigación y enjuiciamiento efectivos de las infracciones de la ley de la UE, lo que sirve para   mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protección que se concede a los empleados al informar sobre infracciones de la legislación laboral de la Unión. En particular, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, el artículo 11 de la Directiva marco 89/391 / CEE ya exige que los Estados miembros garanticen que los trabajadores o representantes de los trabajadores no se encuentren en desventaja debido a sus solicitudes o propuestas a los empleadores para que tomar las medidas adecuadas para mitigar los peligros para los trabajadores y eliminar las fuentes de peligro.

Los trabajadores y sus representantes tienen derecho a plantear problemas a las autoridades nacionales competentes si consideran que las medidas adoptadas y los medios empleados por el empleador son inadecuados para garantizar la seguridad y la salud.

Para garantizar que los denunciantes potenciales se mantengan seguros y que la información divulgada tenga carácter confidencial, las nuevas reglas les permiten divulgar información ya sea internamente a la entidad en cuestión o directamente a las autoridades nacionales competentes, así como a las instituciones, organismos, oficinas y organismos pertinentes de la UE.

En los casos en que no tomen las medidas adecuadas como respuesta al informe inicial del denunciante, o si creen que existe un peligro inminente para el interés público o un riesgo de represalias, la persona informante seguirá estando protegida si decide divulgar la información. en público.

La experiencia financiera

En el área de servicios financieros, el legislador de la Unión ya reconoció el valor agregado de la protección de los denunciantes. Tras la crisis financiera, que puso de manifiesto graves deficiencias en la aplicación de las normas pertinentes, se introdujeron medidas para la protección de los denunciantes, incluidos los canales de información internos y externos, así como una prohibición explícita de represalias, en un número significativo de Instrumentos en esta área.  En particular, en el contexto del marco prudencial aplicable a las entidades de crédito y empresas de inversión, la Directiva 2013/36 / UE prevé la protección de los denunciantes, que se extiende también al Reglamento (UE) 575/2013 sobre requisitos prudenciales para entidades de crédito y empresas de inversión.

Un estudio realizado en 2017 para la Comisión estimó que la pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección a los denunciantes, solo en la contratación pública, estaría en el rango de 5.800 a 9.600 millones de euros cada año en el conjunto de la UE.

Los accionistas y las personas en los órganos directivos también pueden sufrir represalias, por ejemplo, en términos financieros o en forma de intimidación o acoso, listas negras o daños a su reputación. La protección también debe otorgarse a las personas cuya relación laboral finalizó y a los candidatos para el empleo o para proporcionar servicios a una organización que adquirió la información sobre infracciones de la ley durante el proceso de reclutamiento u otra etapa de negociación precontractual, y puede sufrir represalias por ejemplo en la forma de referencias de empleo negativas, listas negras o boicot de negocios.

Esta Directiva introduce normas mínimas y los Estados miembros deben tener la facultad de introducir o mantener disposiciones más favorables para la persona informante, siempre que dichas disposiciones no interfieran con las medidas para la protección de las personas afectadas. La transposición de la presente Directiva no constituirá en ningún caso motivo para reducir el nivel de protección que ya se otorga a las personas informantes en virtud de la legislación nacional en los ámbitos en los que se aplica.