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A punto de cumplir su primer año como Defensora del Pueblo, Soledad Becerril decidió asumir su mandato procurando tener un contacto directo con los problemas que más afectan a los españoles. Durante un encuentro institucional organizado por el Colegio de Registradores hizo un repaso de estos temas, que ahora en esta entrevista analiza en profundidad.

¿Cuáles son las actuaciones más inminentes de la Defensora del Pueblo en este año de 2013?

Vamos a seguir muy pendientes de los problemas de los desahucios, las hipotecas, las preferentes, la sanidad, el empleo… de todo lo que en estos momentos de crisis afecta a la sociedad. Desde que comencé mi mandato he procurado tener un contacto directo con los problemas, he visitado hospitales, cárceles, centros de menores, residencias de ancianos, colegios… y voy a seguir haciéndolo.

Recientemente ha entrado en vigor la reforma de la Ley Hipotecaría, usted ha dicho en un reciente coloquio que tendría que haber sido “más generosa”. ¿En qué sentido?

Sí, la ley podría haber sido más generosa. Y no sólo digo yo que la ley se queda corta, recientemente el BCE ha pedido que se amplíen las medidas porque la ley es insuficiente para paliar el drama de los desahucios. Desde el Defensor del Pueblo hicimos una serie de recomendaciones y es cierto que se han incluido algunas en la ley,  pero no todas.

Los productos bancarios de riesgo y las preferentes han sido parte de las quejas recibidas en la oficina del Defensor del Pueblo. ¿Cómo está actuando en este sentido?

Recientemente he comparecido en el Congreso, en la Comisión Mixta,  para tratar este tema presentando el informe monográfico elaborado en la Institución este año. Entre las propuestas hay medidas preventivas, como la necesidad de implantar un proceso de validación y etiquetado de productos, aprobado por la CNMV, que permita al cliente seleccionar los adecuados a sus necesidades y descartar los no idóneos. Sería importante también mayor transparencia y establecer un periodo de reflexión previo a la contratación. Otras medidas serían paliativas, como establecer un arbitraje universal e independiente para todas las entidades intervenidas y que integre a todos los afectados por la comercialización de preferentes, esto es, una vía alternativa a la judicial. Se trata de instituir compensaciones, evitando la pérdida de capital y derechos, para que las personas que invirtieron con desconocimiento del producto que adquirían y de los riesgos que asumían, no pierdan sus ahorros. Otra propuesta es dotar de mayores competencias a la CNMV para adoptar medidas cautelares cuando estime que la normativa no ha sido respetada.

Usted se ha caracterizado por la austeridad impuesta en la oficina del Defensor del Pueblo desde su llegada al frente de la institución. Además, usted ha reiterado la recomendación de que el despilfarro sea tipificado como delito en el Código Penal. ¿Qué aceptación ha tenido esta propuesta?

Desde la Institución hemos querido dar traslado a las inquietudes ciudadanas ante el uso irresponsable del dinero público. En la respuesta a la recomendación que efectuamos al Ministerio de Justicia se nos indicaba como uno de los objetivos la modificación del Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos e incluir la inhabilitación para cargo público como consecuencia del delito. Y en materia de transparencia, la tipificación de determinadas conductas relacionadas con la falsedad contable y documental, cuyo castigo servirá para prevenir en el futuro el despilfarro de dinero público.

El Catastro ha sido objeto de un informe por parte del Defensor del Pueblo con el objetivo de que se haga más accesible a los ciudadanos. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes  que se reciben en su oficina sobre esta institución?

Las quejas  sobre el catastro han experimentado un continuo crecimiento en los últimos años, y tratan sobre inclusión, modificación o actualización de los datos. Esto motivó nuestro estudio monográfico “La realidad catastral en España: perspectiva del Defensor del Pueblo” que fue entregado al Parlamento el año pasado. Como todos nuestros informes, incluye una serie de recomendaciones, unas generales, otras sobre la labor divulgativa y las modificaciones legislativas, otras sobre la dotación de personal y también sobre el funcionamiento de la oficina y la tramitación de procedimientos en la web.

El Registro Civil también ha sido objeto de numerosas quejas. ¿Cuáles son estas?

En  nuestro último Informe  recogíamos la situación del Registro Civil Central y numerosos registros civiles, en particular los de las poblaciones del cinturón que rodea Madrid y todo el arco mediterráneo, además de los registros consulares, afectados por numerosas solicitudes de nacionalidad. La encomienda de gestión firmada con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles para tramitar los expedientes de nacionalidad nos parece una medida muy positiva para salir del atasco. El funcionamiento ha mejorado también con el establecimiento de la cita previa telefónica, la información estática en las dependencias y la atención directa en las mismas, pero insistimos en la necesidad de  una mejor coordinación entre el Ministerio de Justicia y las distintas comunidades autónomas con competencias en materia de dotación de medios materiales y humanos de los registros civiles.

La situación en las cárceles y la atención a los internos preocupa mucho en su oficina. ¿Cuál es su valoración de la situación penitenciaria en España?

Las personas privadas de libertad han sido siempre objeto de especial atención por parte del Defensor del Pueblo, que además tiene asignada la labor de MNP,  Mecanismo para la Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Continuamos con las visitas a los centros de privación de libertad, atendemos las quejas y abrimos otras de oficio, numerosas el pasado año. Seguimos efectuando recomendaciones como han sido las de protección de datos personales y familiares, la concesión de permisos de salidas extraordinarias para consultas médicas, la seguridad de las celdas o las condiciones de los traslados. Nos preocupa la sobreocupación que sigue existiendo, la carencia de monitores para actividades deportivas… pero hemos de señalar que la colaboración de las administraciones penitenciarias con el Defensor del Pueblo es correcta.