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Registradores y Universidad Autónoma, contra el blanqueo
El acuerdo ha sido firmado en la sede del Colegio de Registradores por su decana, María Emilia Adán; la vicerrectora de Estudios de Posgrado de la UAM, por M.ª Teresa Parra Catalán; y por Fidel Rodríguez Batalla, director general de la FUAM. Además, en el acto de firma han estado presentes el director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), Manuel Hernández-Gil Mancha, y el director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, Fernando Acedo-Rico.
Durante el tiempo de vigencia de este acuerdo, que cuenta con una duración de cuatro años, se llevarán a cabo tanto actividades formativas como de difusión y transferencia de conocimiento, colaborando en el diseño e impartición de actividades relacionadas con el área del Aula tales como la concesión de becas o ayudas al estudio, desarrollo de conferencias y seminarios y la realización de jornadas.
Asimismo, a través del Aula se formará a los profesionales para desempeñar óptimamente todas las tareas en esta materia, prestando especial atención a quienes las desarrollan dentro de los Registros.
El director del Aula será Pedro Morón Bécquer, profesor titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.
Dentro de la actividad de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, es el responsable del Registro de Titularidades Reales, que contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta.
Dicha información proviene del Registro Mercantil en el que, según determina la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales. Esta Orden Ministerial da respuesta a las Directivas (UE) 2018/843 y 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Sistema BRIS y Registro de Titularidades Reales
La Directiva obliga a todos los Estados miembros de la UE a crear, gestionar y desarrollar un sistema registral nacional de identificación de “titulares últimos o reales” que debe asegurar la cooperación internacional (a través de la plataforma europea de acceso estandarizado) y cuya gestión se concede a autoridades que en los distintos países tienen encomendada la función del Registro Mercantil.
Por todo ello, según palabras de la decana del Colegio, “hemos creado este Registro, que se adapta a las necesidades contra el blanqueo; es público, está reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales”, ha asegurado María Emilia Adán, que también ha subrayado la interconexión del Registro con los países de la Unión Europea, a través del proyecto del índice Central Europeo de Interconexión de Registros Mercantiles (BRIS), en el que se integra el Registro Mercantil español.
Este sistema se recoge hoy en la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades, que desarrolla en sus artículos 22 y siguientes la interconexión de los registros mercantiles.
En 2018, los registradores de España remitieron al BRIS la información de 2.960.203 sociedades procedentes de los registros mercantiles existentes en nuestro país. Además, se han respondido 3.589 consultas destinadas a los registros mercantiles y se ha informado de diversas fusiones transfronterizas.
El éxito de BRIS ha llevado al Consejo Europeo a aprobar la modificación de la V Directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, concretamente de su artículo 30, estableciendo que la interconexión de registros de titularidades reales debe hacerse a través del mismo sistema europeo ya implementado para incrementar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.
Firme convicción
Los registradores de la propiedad y mercantiles son sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo, y el Colegio de Registradores creó hace tres años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año más de 16.000 alertas procedentes de los Registros sobre posibles casos de blanqueo de capitales y colabora estrechamente con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
La actividad del CRAB se centra en el análisis de esta larga lista de casos remitidos desde los Registros y, si se confirma que en alguno existen indicios sólidos de que pudiese ocultar blanqueo de capitales, se remite al SEPBLAC, adscrito al Banco de España, para que realice una investigación sobre esos expedientes. En 2018 fueron remitidas 236 alertas, 56 más que solo un año antes.
Así, año tras año, el CRAB se consolida como una herramienta eficaz para colaborar en la lucha contra el blanqueo, aumentando tanto el número de alertas recibidas como el número de expedientes trasladados al SEPBLAC.
El compromiso del colectivo registral reside no solo en su consideración de sujetos obligados por la legislación antiblanqueo, sino también en su firme convicción de que terminar con la lacra que representa el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y conseguir una sociedad más justa, igualitaria y segura para todos.
