Detalle Blog Articulo

Hace un año que la actual Junta de Gobierno tomo posesión  de su cargo. La candidatura  que ganó las elecciones concurrió al proceso electoral con el propósito claro de defender y representar adecuadamente los intereses profesionales de todos los registradores bajo los principios de transparencia, confianza y respeto, con y en los registradores. De representar a éstos ante la Administración, y no ser representantes de la Administración ante los registradores.

Pero este compromiso de defensa de los intereses profesionales de los registradores, a lo cual, por cierto, todo colegio profesional está obligado por la ley de Colegios Profesionales, no es incompatible con la tradicional lealtad y espíritu de colaboración de los registradores, y del Colegio de Registradores, con las diferentes administraciones públicas e instituciones que se relacionan con la función registral, y en especial con el Ministerio de Justicia.

Con este doble compromiso, y con el de intentar conseguir la necesaria armonía y unidad de todos los registradores, la nueva Junta de Gobierno asumió con ilusión sus nuevas responsabilidades, ciertamente en unos momentos especialmente complicados para la profesión registral dadas las características de las reformas en marcha que afectaban a la función registral y al estatuto profesional de los registradores.

No son esas las reformas que la nueva Junta de Gobierno hubiera propuesto para la función registral y nuestro sistema de seguridad jurídica proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución española.  Son reformas sustantivas, y no adjetivas o instrumentales, las que se necesitan para impulsar la mejora de nuestro reconocido y prestigioso sistema registral. Reformas que robustezcan los principios y efectos de nuestro sistema registral en beneficio de la seguridad jurídica preventiva, la seguridad económica y el interés de los ciudadanos. Reformas en las que los principios de la administración electrónica, ya implantados tecnológicamente en los sistemas registrales colegiales, sean debidamente regulados y adaptados a las características especiales de los procedimientos registrales.

Es la mejora del servicio público registral en beneficio del ciudadano lo que debe constituir el eje principal de la reforma de nuestro sistema registral, reforzando por un lado, mediante reformas sustantivas, la ampliación del ámbito objetivo y funcional de nuestros sistemas registrales para incrementar la seguridad jurídica y disminución de las debilidades institucionales de nuestro sistema actual (p.e., limitaciones legales, urbanismo, arrendamientos,  identificación gráfica de las fincas registrales, acceso a la información registral en función del tipo de actuación registral, etc); y por otro, mejorando los procedimientos registrales, haciéndolos más ágiles, rápidos y eficaces al hacer uso de las herramientas tecnológicas de las que ya disponen los registradores pero que necesitan del correspondiente respaldo normativo.

No ha sido así, y el Ministerio ha centrado los diferentes proyectos que nos han afectado durante este último año en la atribución del Registro Civil a los registradores; en un nuevo modelo de organización territorial y funcional de los registros, que sin una apreciable mejora del servicio público registral, representa una transformación radical de nuestro sistema registral y de los principios que lo inspiran; y en la implantación de un sistema tecnológico, que además de innecesario y costoso, está al servicio de un cambio de la función registral sin una mejora sustancial de los procedimientos en beneficio de los ciudadanos.

El Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, tramitado posteriormente como proyecto de ley, recientemente aprobado como Ley 18/2014 de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, prorroga la entrada en vigor de la ley del Registro Civil de 21 de julio de 2011 hasta el 15 de julio de 2015 y atribuye la llevanza del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil.

Igualmente señala que la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuito, sin excepción de ningún tipo y que todas las oficinas del Registro Civil, incluidas las consulares, utilizarán un único sistema informático y una misma aplicación que estará en funcionamiento antes del 15 de julio de 2015.

Para la contratación y abono del coste de dicho sistema informático que será desarrollado por la empresa o empresas informáticas designadas por la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la defensa de España S.A en el correspondiente expediente de selección y contratación, se crea una Corporación de Derecho Público, la cual tendrá que formalizar los correspondientes contratos en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de publicación del real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio.

Antes de llegar aquí, y a la vista del propósito firme del Ministerio de atribuir a los registradores la llevanza del Registro Civil, la Junta de Gobierno hizo por escrito al entonces ministro de Justicia, señor Gallardón, hasta cinco propuestas relativas a la asunción del Registro Civil por los registradores para que la implantación del nuevo modelo de Registro Civil regulado en la Ley de 2011 se pudiera realizar en las mejores condiciones,  tanto desde el punto de vista de su eficaz funcionamiento, como de los plazos y de su coste. Sobre todo teniendo en cuenta que somos los registradores los encargados de su implantación y llevanza de forma gratuita para el ciudadano. Ninguna de ellas, la última a finales de agosto, fue aceptada por el Ministerio.

No parecía lógico que se tuviera que crear una Corporación de Derecho Público para integrar a los registradores titulares de registros mercantiles que van a llevar el Registro Civil, pues esa Corporación de Derecho Público ya existe y se llama Colegio de Registradores. Ni tampoco que el desarrollo del sistema informático del Registro Civil se tuviera que realizar por empresas informáticas tradicionalmente ajenas al conocimiento de los aspectos funcionales de los sistemas registrales cuando el propio Colegio,  que está a la vanguardia de España en lo que a desarrollos tecnológicos se refiere, podía hacerlo en menos plazo, aprovechando sus propios recursos tecnológicos ya existentes y con menos coste por tanto.

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, partidario del consenso, del dialogo y de la participación de los operadores jurídicos, a través de su colaboración,  en los proyectos del Gobierno que les pueden afectar, ya ha anunciado un cambio de planteamiento en esta cuestión, y en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha señalado que “se trata de un proyecto que va a liderar el Ministerio de Justicia, por lo tanto el Gobierno, por lo tanto, los poderes públicos, pero con la colaboración del Colegio de Registradores, es decir,  con la representación de la corporación profesional de los registradores”.

El ministro también ha explicado que “se creará una comisión mixta Ministerio/Colegio de Registradores para llevar a cabo todos los proyectos: diseño de plataformas telemáticas, sistemas de control, sistemas de garantía y seguridad de la información de un asunto tan delicado que afecta tanto a los ciudadanos como es el Registro Civil. Y para ello no vamos a llevar a cabo el desarrollo de ningún cuerpo intermedio, ninguna corporación. No pensamos que sea necesario. Lo vamos a llevar a cabo  directamente entre el Ministerio y el Colegio de Registradores desde un planteamiento de tutela inmediata y directa del Ministerio».

Nuestro primer año en la Junta de Gobierno ha sido difícil. Hemos tratado de conciliar el dialogo y la colaboración con el Ministerio con la defensa de los intereses profesionales y de la voluntad de los registradores expresada en sus máximos órganos de representación corporativa. Ha sido un año en el que a la transcendencia y envergadura de los proyectos impulsados desde el Ministerio por la Dirección General de los Registros y del Notariado se han unido otros factores como el de la falta de dialogo e interlocución directa con dicha Dirección General. Durante este año ni la Junta de Gobierno, ni su decano, han sido recibidos ni una sola vez por la Dirección General de los Registros y del Notariado, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones.

Ahora que se inicia una nueva etapa con el cambio ministerial,  ahora que la lógica institucional de las relaciones entre el Ministerio y el Colegio de Registradores vuelve al punto en el que siempre estuvo, esta Junta de Gobierno, que ahora cumple un año de su mandato, renueva con más fuerza e ilusión, si cabe, su compromiso de representación y defensa de los intereses profesionales de los registradores, y su lealtad, disposición y voluntad de colaboración con el Ministerio, el Gobierno y los poderes públicos para llevar adelante con la máxima eficacia y garantía de éxito los proyectos que se nos encomienden a los registradores en beneficio del interés general de todos los ciudadanos.

Editorial aparecido en el número 69 (Julio-Septiembre 2014) de la Revista Registradores de España.