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Al conmemorar la creación hace 150 años del Registro de la Propiedad, es oportuno comparar su funcionamiento con el de instituciones semejantes.

La Ley de Costas 22/1988 reformada por la ley 2/2013 de 29 de mayo tiene como reto según se infiere de su Exposición de Motivos conseguir una reciproca relación entre la actividad económica y la calidad medioambiental.

La vitalidad de un pueblo se expresa no sólo en los logros de sus científicos, la originalidad de sus escritores, la sensibilidad de sus políticos e historiadores.

Si afirmásemos que los Registros de la Propiedad , Mercantiles y de Bienes muebles, es una de las mayores bases de datos de España, no estaríamos diciendo ninguna exageración, buena prueba de ello es que a los Registros llegan datos de diversas fuentes : Notarias, Juzgados, Administración General de Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Seguridad Social, Agencia Estatal Tributaria, etc.

Como en la vida de los individuos, en la historia del Registro Mercantil español es conveniente distinguir varias etapas: la de la publicidad gremial y consular hasta el año 1829; la del “primer” Registro Mercantil hasta 1885 y la última, la del actual Registro Mercantil, bajo el régimen del todavía vigente y venerable Código de Comercio de 1885.

Los arrendamientos sobre bienes inmuebles son inscribibles en los registros de la propiedad. La posibilidad de inscripción se estableció por la disposición adicional segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que modificó el art. 2 de la Ley Hipotecaria (LH) estableciendo que en los registros se inscribirían «los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, y los subarriendos, cesiones y subrogaciones de los mismos». Esta disposición fue desarrollada por el RD 297/1996, de 26 de febrero si bien toda la regulación debe adaptarse a la ley 4/2013, de 4 de junio.