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Wolters Kluwer acaba de publicar el libro “La protección del consumidor en la vivienda colaborativa”, dirigido por la Catedrática de Derecho civil Esther Muñiz Espada, investigadora principal del Proyecto de I+D del Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia, subprograma de generación de conocimiento, Los consumidores en la vivienda colaborativa.

La consolidación de la economía colaborativa está hoy por hoy suficientemente demostrada, manifestando, incluso, su superioridad en algunos sectores respecto de la economía tradicional. Su pretensión de ampliarse como estrategia de futuro ha quedado reconocida especialmente en el ámbito inmobiliario. Así, centrados en este contexto, la cuestión es qué verdaderas aportaciones representan los modelos de vivienda colaborativa para facilitar el acceso a la vivienda y al alojamiento, qué vacío vienen a cubrir realmente; y valorar si las diferentes estructuras van a servir, en efecto, para facilitar el acceso en condiciones suficientemente dignas y adecuadas, en una coherente adaptación a la actual situación económica y social, y ello se aborda desde la vertiente de la protección con la que debería contar el usuario inmerso en estas relaciones jurídicas.

La renovada atención por los bienes comunes y la relativización de la propiedad como elementos característicos de la sharing economy tiene su explicación en numerosos factores: así en una sociedad más fácilmente conectada o abierta al mundo que le permite compartir y relacionarse por el desarrollo de la tecnología, en la búsqueda de otros canales al margen de los oficiales por el escepticismo en su funcionamiento, y sobre todo, por ser cada vez más difícil acceder a determinados recursos. Ello ha instaurado una nueva política para una diferente distribución del poder que impone una nueva lógica y racionalidad. En el mercado inmobiliario comprende, en parte, la creación de nuevas formas de alojamiento mediante la vivienda participativa como opción de transacción inmobiliaria a través de la desintermediación bajo el signo de la descentralización.

El presente volumen ofrece un tratamiento exhaustivo de las diferentes tenencias y los estatutos alternativos de acceso al alojamiento centrado en la protección del consumidor o usuario desde un innovador análisis de la evolución del mercado inmobiliario, que avanza hacia la aplicación de las modernas técnicas de blockchain.

La obra parte de un análisis previo dogmático de las nuevas formas de contractualización a cargo del Catedrático de Derecho civil Luis Humberto Clavería quien deja una clave fundamental “el análisis de la causa del contrato proporciona la clave para inferir el tratamiento” de cada una de las variadas figuras que integran la llamada economía colaborativa, de modo que “el régimen legal o pactado” sea acorde con la “función económico- social efectivamente querida por los contratantes”.

A continuación ofrece un completo capítulo donde se analizan los condicionantes económicos, sociológicos y laborales de estas nuevas figuras.

En tercer lugar, hay un amplio capítulo dedicado a analizar la protección del consumidor en las diferentes modalidades de alojamiento colaborativo (la vivienda compartida o cohousing, viviendas turísticas, los alquileres turísticos en el régimen de propiedad horizontal, condohoteles y financiación por crowdfunding) en el que participan entre otros los Registradores José Antonio Alborch y Emilio Sánchez (que abordan “La protección de usuarios de la vivienda colaborativa a través del Registro de la Propiedad”) y Diego Vigil de Quiñones (quien analiza el tema “Condohoteles, Registro de la Propiedad y protección del consumidor”).

Finalmente, hay un capitulo dedicado a los ulteriores desarrollos del mercado inmobiliario en el que el Notario Manuel González- Meneses analiza “La tokenización de inmuebles: ¿economía colaborativa o mercantilización extrema?”, y el Registrador adscrito a la DGRN y ex Director General Javier Gómez Gálligo aborda el tema “El Registro de la Propiedad y los nuevos desafíos del blockchain”.

Diego Vigil de Quiñones, Registrador de la Propiedad