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Las familias ganan cuota en la compraventa de viviendas por primera vez en cuatro años. Es una de las principales conclusiones del Anuario Inmobiliario 2014 del Colegio de Registradores que constata que las compraventas de viviendas realizadas por particulares representaron el 84,72% de todas las operaciones realizadas el año pasado, aumentando su porcentaje desde el 78,07% de 2013. En el otro lado, las personas jurídicas (empresas) protagonizaron el 15,28% de todas las operaciones.

Estos resultados  suponen un cambio de tendencia con respecto a la evolución de los últimos años, en los que ejercicio tras ejercicio se incrementaba el peso relativo de las compraventas realizadas por personas jurídicas, marcando el máximo de la serie histórica en 2013, con el 21,93% del total de las operaciones. En 2012 habían alcanzado el 18,65%, en 2011 el 12,77% y en 2010 el 6,53%. No obstante, su cuota de 2014 aún triplica el volumen de 2007 (5,11%), es decir, antes de la crisis.

La evolución de 2014 implica un cierto repliegue en la compra de vivienda por parte de sociedades mercantiles, especialmente activas durante la crisis inmobiliaria, tanto a través de las entidades financieras como de sociedades y fondos, que han aprovechado para tomar un papel más activo en un escenario de bajos precios de la vivienda. En esta estadística, únicamente se está haciendo referencia a las transmisiones de vivienda por compraventa. Si se tomasen la totalidad de títulos de transmisión, el peso relativo total de viviendas que durante los últimos años están pasando a manos de personas jurídicas se incrementaría.

La distribución de compraventas durante el año no es homogénea en todo el país. Canarias (24,72%), I. Balears (18,80%), Andalucía (17,01%), Comunidad de Madrid (16,81%) y Cataluña (16,43%), son las regiones  en las que las empresas tienen un mayor peso en las operaciones de vivienda. Se trata de los mismos ámbitos geográficos que constantemente se repiten en las distintas variables indicativas de mayor actividad inmobiliaria, es decir, que están afrontando más activamente la recuperación del mercado inmobiliario español. En consecuencia, desde una perspectiva de inversión, propio de las personas jurídicas, resulta más fácil alcanzar una determinada rentabilidad en estas comunidades autónomas.

En el extremo opuesto, con un menor porcentaje de compra de viviendas registradas por sociedades mercantiles, se encuentran País Vasco (7,96%), Extremadura (8,64%), Asturias (9,98%) y Castilla y León (10,65%).