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No hay vuelta atrás. A partir del próximo 1 de junio, es decir, a partir de este sábado, quien quiera vender o alquilar su vivienda deberá contar con un certificado de eficiencia energética. Un nuevo nicho de negocio para arquitectos, arquitectos técnicos, ingeniero e ingenieros técnicos –únicos cualificados para emitirlos-, y una fuente adicional de ingresos para algunas comunidades autónomas, no todas.

El Real Decreto que regula la obligatoriedad de disponer de estos certificados traspasa las competencias de su registro a los organismos competentes de las Comunidades Autónomas. Además del precio que los propietarios deberán abonar a los profesiones que los emitan -en torno a 200 euros para pisos y 440 para viviendas unifamiliares-, también tendrán que pagar una tasa autonómica adicional. Y es aquí donde surge una importante disparidad de precios.

Así, por ejemplo, la Comunidad de Madrid aplicará las tasas más elevadas. Casi 40 euros -39,60 euros- para los certificados madrileños, mientras que en Valencia, las tasas serán de entre 20 y 25 euros por certificado, según Certicalia.com, una plataforma on-line de certificación energética que se ha puesto en contacto con todos y cada uno de los organismos autonómicos competentes. En otras comunidades las tasas bajan considerablemente. Así, por ejemplo, en Baleares se pagarán  4,78 euros, en Castilla-La Mancha 3 euros y alrededor de 12 en Galicia, donde dependerá de la superficie del inmueble.

Por el contrario, Canarias, Navarra, Cantabria, Asturias, La Rioja o País Vasco no aplicarán tasa alguna. En el resto de comunidades, todavía están trabajando en ello.

La obligatoriedad de contar con este certificado para poder anunciar la venta o alquiler de un inmueble se ha echado encima de las comunidades autónomas a quienes el Gobierno ha pasado la ‘patata caliente’ de la certificación energética. A ellas corresponde su registro y también formar el equipo técnico y sancionador encargado del control técnico y administrativo de las certificaciones y el cumplimiento de la normativa, es decir, de aplicar las sanciones correspondientes. A tan solo unas horas de su entrada en vigor, son muchos los propietarios de un inmueble que ya cuentan con su certificado energético pero se encuentran con el interrogante de dónde registrarlo para poder completar todo el proceso.

Registro presencial y on-line

Ya existen cinco comunidades autónomas con su registro habilitado: Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia. “Canarias es ejemplo de previsión y buena organización puesto que ya disponen del registro habilitado para que los técnicos certificadores puedan registrar cada certificado on-line. Al hacerlo obtendrán, además del certificado sellado, la etiqueta energética oficial que mostrar en los anuncios de venta o alquiler del inmueble”, explican desde Certicalia.com.

También se pueden registrar los certificados vía sede electrónica en Murcia y Castilla La Mancha. En estas dos comunidades dan también la opción de registro presencial. En Asturias y Baleares por ahora, el registro es presencial, aunque no descartan actualizarlo en un futuro para su tramitación on-line. En Cantabria deberá registrarse presencialmente

Por el contrario, son muchas las comunidades que el 1 de junio habilitarán su registro de certificados de eficiencia energética: Madrid, Cataluña, Navarra, La Rioja y Castilla y León. Todas ellas ofrecerán el registro en modo telemático.

Y todavía habrá que esperar en comunidades a las que les ha pillado el toro en materia de certificación energética como Andalucía, Aragón y Extremadura están a la espera de la publicación normativa propia en sus boletines oficiales. En Galicia y País Vasco es sólo cuestión de tiempo que se habiliten sus registros que ya tienen regulados, mientras que en Valencia calculan que el sistema podría estar en marcha en dos o tres semanas.

No contar con el certificado de eficiencia energética puede acarrear importantes sanciones a los propietarios de los inmuebles. Las multas oscilan entre 300 y 600 euros por las infracciones leves, de 601 a 1.000 euros por las graves, y de 1.001 a 6.000 euros las muy graves. No obstante, para ello es necesario que existan los técnicos cualificados para sancionar y en muchas comunidades todavía no cuentan con ellos.