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La hipoteca es un derecho de los llamados reales, que garantiza al acreedor el pago de una obligación pecuniaria y que recae directamente sobre bienes inmuebles, susceptibles de enajenación en pública subasta en caso de incumplimiento, tras un proceso judicial específico.

Es un derecho accesorio que garantiza el cumplimiento de una obligación principal, generalmente un préstamo, y que requiere para su válida constitución escritura pública e la inscripción en el registro de la propiedad.

En ejercicio de la función de control de legalidad que realizan y en cumplimiento de la ley  para salvaguardar los derechos de los usuarios de productos financieros, los registradores tienen la obligación de denegar el acceso al registro de aquellas cláusulas de los préstamos hipotecarios que sean contrarias a la ley, o que hayan sido declaradas nulas por resolución judicial firme o que puedan ser tachadas de abusivas, por venir así tipificadas en la ley para la defensa de consumidores y usuarios.

Además, en caso de ejecución hipotecaria, es decir, de procedimiento judicial por impago de la hipoteca, sólo cabe fundamentar la reclamación del acreedor sobre la base de los extremos contenidos en el asiento de inscripción. Por tanto, la calificación registral resulta fundamental, no solo para la protección de los consumidores, impidiendo que el banco pueda alegar en su favor ese tipo de cláusulas, sino también para facilitar el control judicial de las mismas, es decir, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva que recoge la Constitución.