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Más de 300.000 empresas españolas siguen acogidas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), cerca de 638.000 requieren más financiación para no echar el cierre y en torno a 130.000 están a las puertas de presentar concurso de acreedores si no llegan las ayudas que les permitan solventar su situación ante la pandemia de coronavirus.

Tras el fuerte crecimiento de este tipo de procedimientos los primeros años posteriores al inicio de la crisis, y la inversión de la tendencia en 2014, desde 2016 se mantiene el número de concursos más o menos estable alrededor de los 3.500 anuales. Esta situación se mantiene en 2020, aunque en esta ocasión se debe a la ‘moratoria concursal’, regulada por el RDL 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Así, la Estadística Registral muestra que, por tipo de concurso, en el último trimestre de 2020 hubo un total de 2.344 son voluntarios (un 8,8% más que en el cuarto trimestre de 2019) y 84 necesarios (un 40,0% menos). Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios disminuyen un 30,1%, mientras que los abreviados crecían un 8,8%.

Esta ‘moratoria concursal’, con sus sucesivas ampliaciones, está permitiendo a las sociedades en dificultades retrasar la obligación de solicitar el concurso hasta su conclusión, al tiempo que impide a los acreedores la solicitud de concurso necesario, proporcionando ciertas ventajas a la hora de modificar convenios, acuerdos de pagos o refinanciación ya aprobados.

El alargamiento de las medidas excepcionales tomadas para el control de la pandemia llevado al Ministerio de Economía a pensar en la necesidad de controlar y reducir a las conocidas como empresas ‘zombis’, que son sociedades económicamente inviables, pero sin embargo mantenidas ‘activas’ por sus propietarios a la espera de captar ayudas del Estado o atisbar el fin de la crisis. Esta situación va creciendo según pasa el tiempo en situación de la pandemia.

El último Barómetro del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, considera que las empresas que aún continúan en ERTE precisan de más financiación para sobrevivir. Y no solo esas compañías, sino también las 124.000 pequeñas y medianas empresas que cuentan con operaciones ICO y otras 214.000 que solicitaron este aval, pero no se lo concedieron, lo que eleva la cifra a 638.000.

En cuanto a qué empresas deben considerarse viables, en el caso de que esta sea la condición para ser rescatada por el Estado, el 55% de los gestores administrativos consideran en el Barómetro que no será fácil definir quién es o no viable. Así, un 39% considera, de acuerdo con su experiencia como asesores integrales de empresa, que deberían considerarse como viables aquellas que lo eran antes de comenzar la pandemia, mientras que otro 32% entiende que tan solo deberían serlo aquellas que cuenten con un reducido endeudamiento.

Un dato a tener en cuenta es que, en el caso de las sociedades unipersonales, se ha roto en 2020 una tendencia alcista continua desde 2010, que hizo superar en 2019 las 58.000 declaraciones de unipersonalidad en los Registros Mercantiles. En 2020 han caído hasta las 49.822, lo que supone una disminución del 14,18% respecto al año anterior, fundamentalmente en el ámbito de las sociedades de responsabilidad limitada.

Un 4,4% de los establecimientos declara que probablemente tenga que cerrar en el primer semestre de 2021. Este porcentaje se incrementa hasta el 5,4% en Comercio y en torno al 6,9% en Transporte y Hostelería. Así se desprende de los resultados del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifran las expectativas de cierre empresarial de empresas con menos de diez trabajadores en un 7,5% ante de concluya el primer semestre de 2021.

El tamaño de las empresas sigue siendo decisivo en este aspecto, puesto que disminuye el porcentaje de las empresas con pensamientos de cierre según crecen en empleos. Así, le siguen en esta presión, las que cuentan con entre diez y 49 empleados (3,6%), de 51 a 199 asalariados (2,1%), de 200 a 999 (1,4%) y de 1.000 en adelante (1,5%).

La Estadística Registral muestra que el 58,9% del total de empresas concursadas tiene menos de seis. Y, entre éstas, el 29,8% no tiene asalariados. El 20,0% del total de empresas concursadas en el cuarto trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años. Por su parte, el 27,5% tiene cuatro o menos años de antigüedad.

No obstante, es interesante destacar que el Barómetro de los gestores administrativos muestra que más de 200.000 empresas tienen intención de reclamar al Estado indemnizaciones por el estado de alarma y más de 150.000 negocios reclamarán a sus seguros.

Mientras tanto, a pesar de la pandemia, se siguen creando nuevas sociedades, la vida económica se mantiene, aunque sea al ralentí. Según pone de relieve el Anuario de la Estadística Mercantil, elaborado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, en 2020, la hostelería y la construcción han sido los sectores en que más ha caído la creación de empresas, frente al aumento de constitución en la agricultura y comercio. No obstante, ya son cinco años seguidos en los que construcción y servicios inmobiliarios mantienen el 20% del total de sociedades de nueva creación, aunque han sido dos de los sectores, junto con la hostelería, que mayores retrocesos han sufrido.