Detalle Blog Articulo

Es probable que la pregunta pueda despistar al lector, que quizá se planteará qué tiene que ver la ingeniería con el registro. Según la RAE, ingeniería es el  “estudio y aplicación, por especialistas, de las diversas ramas de la tecnología”; siendo la tecnología el “conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. En una primera aproximación, pensaríamos sólo en disciplinas tradicionalmente consideradas como experimentales, industriales o vinculadas a la electrónica, olvidando que ambas definiciones pueden igualmente referirse, como de hecho lo hacen, a las ciencias sociales y, específicamente, a la ciencia jurídica.

Así considerada, la ingeniería jurídica es la tecnología que permite el aprovechamiento práctico del conocimiento científico en cuestiones relativas al Derecho, es decir, a las instituciones que conforman y fundamentan la estructura de un Estado. Una Institución del Estado funcionará bien (y por tanto, será útil a la sociedad a la que debe servir) si su diseño, si su “ingeniería”, permite lograr los objetivos que se propone con alto nivel de eficacia y con un coste competitivo. El sistema registral español es, desde este enfoque, una institución del Estado cuya tecnología jurídica ha demostrado cumplir ambos requisitos: funciona con eficacia y su coste es competitivo.

Naturalmente, toda hipótesis científica debe contrastarse empíricamente. ¿Funcionan satisfactoriamente los registros españoles? La respuesta, a día de hoy, sólo puede ser ésta: los registros de la propiedad y mercantiles cumplen con lo que se espera de ellos. Salvaguardan la seguridad jurídica en los ámbitos inmobiliario y societario, al coste más competitivo en comparación con otros sistemas registrales de nuestro entorno. En España, el Registro da mayor garantía a los ciudadanos y de forma más eficiente que en el resto de países de la Unión Europea o EEUU.

Además, el sistema registral español ha sabido evolucionar desde su creación, a finales del siglo XIX, para ir adaptándose a los profundos cambios que ha experimentado nuestro país en este siglo y medio, en todos los ámbitos: social, económico, político, jurídico y también tecnológico: la grandeza de nuestro Registro reside en buena medida en su capacidad para cumplir con excelencia su función, independientemente del soporte que se utilice, ya fuera el papel y la pluma de las inscripciones más antiguas, ya sean los actuales procedimientos electrónicos, a través de una arquitectura informática dotada de las más altas exigencias de seguridad y basada en los recursos más punteros en software y hardware.

La tecnología, por tanto, está al servicio de la función que el Registro cumple; es un instrumento más, aunque indispensable, para atender las exigencias legales, sociales y económicas que se le atribuyen a los registradores. La ingeniería informática, pues, sigue y sirve a la ingeniería jurídica. Nunca al revés.

El Colegio de Registradores dispone de un departamento, el Servicio de Sistemas de Información (SSI) que es el corazón de todo el sistema informático registral. Este servicio cuenta con casi trescientos empleados de alta cualificación, y se financia exclusivamente con cargo a las cuotas colegiales que satisfacen los registradores. El SSI desarrolla, mantiene y gestiona la mayor parte de las aplicaciones implementadas en los registros de la propiedad y mercantiles y en los servicios centrales, como las plataformas on line de solicitud y envío de información registral. Las bases de datos de las que el Colegio es responsable, sumamente sensibles, están custodiadas mediante exigentes medidas de seguridad y con estricta observancia de la normativa  vigente sobre protección de datos de carácter personal. Así lo han reconocido las sucesivas Administraciones e Instituciones públicas y privadas con las que el Colegio colabora desde hace décadas.

Por todo ello, resulta sorprendente, cuando no inexplicable, que el Decreto-Ley 8/2014, de 4  de julio -en el que se impone la llevanza del Registro Civil, y su financiación, a los registradores- haya decidido encomendar a un adjudicatario privado la plataforma tecnológica sobre la que se gestionará el Registro Civil. Sin contar con el Colegio de Registradores, el RDL crea una nueva Corporación de Derecho Público de registradores civiles y mercantiles, -lo que puede suponer, además, la escisión de la corporación registral- y cuya única misión será la de firmar y pagar a dicho adjudicatario privado los contratos de compra (desarrollo, mantenimiento y licencias de uso) de los programas y aplicativos informáticos que decida, en última instancia, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Ello incrementará extraordinariamente, y de forma innecesaria, el coste de dicha plataforma, pues el SSI está en óptimas condiciones para desarrollarla con sus propios medios técnicos, personales y materiales. Más aún: tales contratos deberán estar firmados en el exiguo plazo de tres meses, tiempo más que insuficiente para la formulación de los pliegos de condiciones, la licitación y la adjudicación a la empresa o empresas elegidas por Justicia; y ello, a pesar de que se haya optado por la contratación a través de ISDEFE, según el procedimiento especial del Ministerio de Defensa.

Los registradores no entendemos ni aceptamos la desconfianza del Gobierno. Hemos demostrado a lo largo de la historia que somos capaces de cumplir nuestras obligaciones de forma eficaz y con los medios tecnológicos más modernos de los disponibles en cada momento. Ningún operador privado conoce mejor que nosotros la esencia de nuestra función y el modelo de llevanza electrónico del sistema registral español. Por eso creemos que es nuestra obligación advertir a la Administración de los riesgos que implica la privatización de la plataforma tecnológica del Registro Civil, no sólo por su mayor coste, sino también por el peligro de que esta institución esencial para la vida de los ciudadanos, y la gestión de su base de datos,  quede capturada por una o varias empresas informáticas. De nuevo, el Colegio de Registradores ofrece al Ministerio de Justicia, y a toda la sociedad a la que servimos, su experiencia en la gestión de sistemas informáticos aplicados a la gestión registral, en defensa del interés general y de la función que cumplimos.

Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda y actual directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores. 

Artículo publicado en El Mundo