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Aunque los propietarios no estén generalmente de acuerdo con el papel intervencionista del Estado, estarían dispuestos a aceptar medidas intervencionistas para bajar el precio de los alquileres siempre y cuando éstas reviertan en algún tipo de compensación, sobre todo tener un mayor apoyo de las instituciones públicas ante un impago.

El principal motivo para alquilar una vivienda a un tercero es rentabilizar las inversiones para casi la mitad de los propietarios, aunque también tiene un peso importante la necesidad de ingresos adicionales para casi la mitad de los propietarios (45%), según datos del informe Radiografía del arrendador en España, elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa y la Agencia Inmobiliaria del Alquiles

También tiene un peso importante la necesidad de ingresos adicionales (42%), especialmente en la comunidad autónoma de Andalucía, dónde esta motivación destaca por encima del resto (57%).

El impago de la renta, tener que iniciar un proceso de desahucio y la ‘okupación’ son las principales preocupaciones de los pequeños propietarios, según un informe elaborado por la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) y el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA),

La mayoría de los propietarios gestionan el alquiler directamente con el inquilino, mientras que el 33% prefiere hacerlo a través de una agencia intermediadora o de una empresa que gestione el alquiler y garantice su pago. No obstante, entre las personas que destinan su vivienda al alquiler turístico tiene un peso significativamente mayor la utilización de agencias intermediadoras (43%).

Así, un 36% de los propietarios ve atacada su libertad de decisión sobre su vivienda y un 32% opina que su poder adquisitivo disminuiría, También, consideran que sería aceptable si pudiesen consultar antecedentes de morosidad de los demandantes, teniendo la oportunidad de exigir más garantías a los inquilinos o disponiendo de una mejor fiscalidad.

Por el contrario, el 67% de los propietarios aceptaría medidas intervencionistas si a cambio mejorase la fiscalidad de los arrendadores. Tan solo el 7% estaría poco dispuesto y el 3% no estaría en absoluto dispuesto a apoyar medidas intervencionistas.

Además, un 75% se muestra favorable (el 39% totalmente dispuesto y el 36% bastante dispuesto) a aceptar estas medidas si a cambio se agilizan notablemente los procesos de desahucios para recuperar las viviendas lo antes posible.

Así, el 32% estaría totalmente dispuesto y el 41% estaría bastante dispuesto a apoyar dichas medidas. Solo un 4% estaría poco dispuesto y un 4% no estaría en absoluto dispuesto a apoyarlas, mientras que el 19% no estaría ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Solo un 6% estaría poco dispuesto y un 4% no estaría en absoluto dispuesto a aceptar medidas intervencionistas, mientras que el 15% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Un 72% de los propietarios defiende aceptar medidas intervencionistas si a cambio se pudieran aumentar las garantías que se exigen a los inquilinos. Este porcentaje se divide en un 27% que estaría totalmente dispuesto y un 45% que estaría bastante dispuesto a apoyar las medidas. Por contra, un 6% estaría poco dispuesto y un 5% no estaría en absoluto dispuesto a apoyarlas. El 17% manifiesta que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Según el estudio de ASVAL y SIMA, el 85% considera que el mercado del alquiler tendría más estabilidad si se garantiza que, ante una ocupación ilegal o un impago, el propietario recuperará el control de su vivienda en el menor tiempo posible.

Más de seis de cada diez propietarios consideran que una reducción en el plazo de los desahucios en caso de un impago de la renta aumentaría la oferta de viviendas en alquiler porque daría mayor seguridad jurídica a los arrendadores. Un 13% de los propietarios piensa que no debería afectar, mientras que otro 13% considera que afectaría muy poco. Tan solo el 2% se muestra indiferente y el 9% no lo sabe.

Los propietarios encuestados también muestran predisposición para rehabilitar o modernizar las viviendas, y el 48% califica como "bastante o muy importantes" la existencia de subvenciones para poder hacer esas mejoras en los inmuebles. A eso se suma un 39% que pide deducciones fiscales por la rehabilitación de los pisos en alquiler.