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Los españoles cada vez realizan un mayor número de consultas sobre alquileres, hipotecas y expedientes de regulación de empleo (ERTE), sus principales preocupaciones en la actualidad, según datos del Observatorio Jurídico de Legalitas.

Casi la mitad de las consultas recibidas se refieren a arrendamientos urbanos. La crisis sanitaria y las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar sus efectos han disparado la necesidad de recibir asesoramiento sobre la forma de adoptar acuerdos de pago entre propietarios e inquilinos, tanto en arrendamiento de vivienda como de local de negocio.

Por el contrario, el Observatorio detecta como, debido a la crisis, las consultas sobre compraventa de vivienda se han reducido en casi un 9%, a diferencia de las formuladas sobre “obras en vivienda” que, de modo anecdótico, aumentaron.

La crisis del COVID-19 ha generado un nuevo contexto laboral, económico y social, y su impacto se ha visto reflejado en el mercado del alquiler, tradicionalmente al alza, y que ahora vive un incremento del stock y de la bajada de precios. Ante la inseguridad económica y social, los españoles están optando temporalmente por el arrendamiento, aunque muchas familias se han visto atrapadas por la imposibilidad de hacer frente a las mensualidades.

Ante este panorama, el Gobierno ha decidido extender, hasta el próximo 9 de mayo, fecha de conclusión del actual estado de alarma las medidas de protección social a los arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad, que fueron incluidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Así, se mantiene la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los términos establecidos en el referido Real Decreto-Ley 11/2020.

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sigue trabajando sobre el texto de la Ley de Vivienda de carácter estatal, que regulará, por primera vez, los precios del alquiler. Su aprobación estaba prevista para finales de enero. Unidas Podemos, por su parte, presiona para que se regule la vivienda vacía propiedad de los grandes tenedores y para forzarles a sacarla al mercado y así incrementar la oferta de alquiler social en favor de las familias vulnerables.

Radiografía de la actividad

La renta media que obtienen los propietarios en España por la vivienda supone la percepción de entre 501 euros y 1.000 euros mensuales, y sólo un 8% de los propietarios, superan los 1.500 euros al mes, según un estudio de Allianz Partners España.

Quienes tienen entre 35 y 54 años son mayoría entre quienes se aproximan a las rentas de 500 euros, con rentas anuales totales más bajas respecto al resto de grupos de propietarios, con ingresos por debajo de los 30.000 euros al año.

El precio de la vivienda en alquiler en España cerró 2020 con un incremento anual del 4,6% y sitúa el precio de diciembre en 10,65 euros/m2 al mes, lo que supone la peor cifra en los últimos seis años, según el informe de "La vivienda en alquiler en España en el año 2020" de portal inmobiliario Fotocasa.

En cuanto al precio por meses, desde noviembre de 2019 el precio medio de la vivienda de alquiler no bajó de los 10 euros/m2 al mes en todo el 2020, llegando en abril a su cuota máxima (11,02 euros/m2) y superando todos los meses del año 2020.

En Barcelona, el Ayuntamiento propone prohibir el alquiler de habitaciones turísticas en toda la ciudad para evitar una saturación de plazas y un aumento desorbitado de la oferta de alojamientos turísticos, especialmente en las zonas céntricas de la ciudad, según ha informado la Corporación en un comunicado. La plataforma Airbnb ha lamentado este viernes que el Ayuntamiento de Barcelona proponga prohibir el alquiler de habitaciones turísticas en toda la ciudad y ha pedido dialogar sobre esta medida.

Mientras tanto, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), en una decisión unánime, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PP contra el decreto-ley del Gobierno de Cataluña sobre acceso a la vivienda por considerar que no concurre el requisito de "extraordinaria y urgente necesidad" para legislar por esta vía, en lugar de hacerlo a través de una ley ordinaria.

Por otra parte, la oferta de vivienda en alquiler en España ha aumentado un 50% en el 2020. En Cataluña, incluso, el porcentaje ha sido superior, llegando al 60% de aumento por el mayor protagonismo respecto a la media nacional del alquiler turístico reconvertido en alquiler de larga duración. En Barcelona la oferta de alquiler se duplicó en sólo un año y en Madrid la subida alcanzó el 80% interanual.

Un caso aparte lo representan los inmuebles de lujo. Según los datos de la inmobiliaria de Barnes Barcelona, unas buenas vistas sobre sobre la capital catalana pueden aumentar hasta un 30% el valor de una propiedad. La demanda inmobiliaria, tanto local como extranjera, ansía poder contemplar desde su vivienda algunas de las principales atracciones turísticas de la Ciudad Condal como la Sagrada Familia, la Catedral, la Casa Batlló, el Tibidabo o el mar Mediterráneo.

Las compraventas registradas en España, mientras tanto, disminuyeron un 18% interanual durante los 11 primeros meses del 2020, pasando de las 470.637 operaciones de 2019 a las 388.237 operaciones del año pasado. En Catalunya el número de operaciones disminuyó un 24% en los 10 primeros meses del año, pasando de 69.716 operaciones a 53.099.